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Quienes ejercemos la profesión contable y legal en Perú sabemos que el tema del traslado ONP-AFP siempre ha sido un dolor de cabeza. Millones de trabajadores que decidieron pasarse al sistema privado después del 2001 se quedaron sin nada: sus aportes al SNP simplemente se esfumaron, sin que la ONP les transfiriera un solo sol a su cuenta en la AFP.
Pues bien, el TC finalmente se pronunció sobre la Ley N° 31729 y declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que planteó el Ejecutivo. En buen cristiano: el bono de reconocimiento para estos aportantes va.
¿De qué trata?
La Ley 31729 obliga a la ONP a reconocer mediante un bono los aportes de quienes migraron al SPP desde 2002, depositándolo directamente en la CIC del afiliado. Estamos hablando de unos 3.4 millones de personas que llevaban más de veinte años esperando este reconocimiento. Antes, solo los que se trasladaron hasta 2001 recibían algo (los famosos BdR 1992, 1996 y 2001).
El lado fiscal que preocupa
Aquí viene lo complicado. La ONP ha estimado que esto costaría más de S/ 40,000 millones y que podría afectar las pensiones de 630,000 asegurados actuales del SNP. El MEF fue bastante duro al respecto, llegó a decir que podría ser «la partida de defunción» de la ONP. Pero los magistrados del TC no reunieron los cinco votos que se necesitaban para tumbar la ley, así que prevaleció la intangibilidad de los aportes previsionales que manda la Constitución.
Desde lo jurídico, tiene toda la lógica. El artículo 12 de la Constitución no deja mucho margen: los fondos de seguridad social son de los trabajadores, punto. Retenerlos sin contraprestación era, francamente, un enriquecimiento sin causa del Estado. Ahora, desde lo contable, un pasivo de esa magnitud no es cualquier cosa y el MEF va a tener que ingeniárselas para implementarlo sin reventar la caja fiscal.
Lo que falta
Y acá está el problema real: la reglamentación todavía no sale. El Congreso ya exhortó al MEF a apurar el trámite, pero el Ministerio dice que primero tiene que reglamentar la Ley 32123 de modernización del sistema previsional. Mientras tanto, en 2025 apenas se aprobó una garantía de S/ 46 millones para bonos, una cifra ridícula frente a los S/ 40,000 millones que se necesitan.
Los que trabajamos en esto, contadores, abogados laboralistas, asesores previsionales, tenemos que estar muy atentos. El derecho ya está reconocido; lo que falta es que se haga efectivo. Y ahí, como siempre en el Perú, la burocracia puede terminar siendo peor que la propia injusticia que se quiere corregir.
Opinión profesional con fines informativos.